El organismo confirmó que abrirá un diálogo con desarrolladores, editores y representantes de consumidores para definir estándares sobre el fin de vida de los videojuegos, aunque mantiene su negativa a imponer una obligación legal de preservación.
La Comisión Europea publicó un nuevo comunicado en el que amplía los detalles de su respuesta a la iniciativa ciudadana Stop Destroying Videogames, confirmando que antes de finalizar 2026 iniciará conversaciones con representantes de la industria y organizaciones de consumidores para estudiar posibles mejoras en los estándares aplicados cuando un videojuego llega al final de su ciclo de vida.
La medida surge como consecuencia directa de la campaña Stop Destroying Videogames, que solicitó a las instituciones europeas impulsar legislación para garantizar que los usuarios puedan seguir jugando títulos adquiridos legalmente incluso después de que sus editores dejen de brindar soporte comercial.
Según explicó la Comisión Europea, los videojuegos modernos dependen cada vez más de servidores administrados por sus editores. Cuando estos servidores dejan de funcionar, algunos juegos pueden perder características importantes o incluso quedar completamente inutilizables.
Por qué la Comisión no impulsará una nueva ley
A pesar de reconocer la preocupación de los jugadores, la Comisión Europea reiteró que actualmente no considera viable establecer una obligación legal que fuerce a las compañías a mantener operativos sus videojuegos una vez finalizado su ciclo comercial.
El organismo señaló que uno de los principales obstáculos está relacionado con los derechos de propiedad intelectual. De acuerdo con la legislación europea sobre derechos de autor, los titulares conservan derechos exclusivos sobre sus creaciones, mientras que otras formas de propiedad intelectual también pueden proteger distintos aspectos tecnológicos y visuales presentes en un videojuego.
Por este motivo, la institución considera que imponer por ley la continuidad de determinados servicios podría entrar en conflicto con los derechos que actualmente poseen los desarrolladores y editores sobre sus productos.
Qué derechos tienen actualmente los consumidores
La Comisión Europea también recordó que la legislación vigente dentro de la Unión Europea ya contempla diversas protecciones para los consumidores que adquieren contenidos y servicios digitales.
Entre ellas, los proveedores de videojuegos están obligados a informar previamente la duración del servicio y las condiciones bajo las cuales podría finalizarse el contrato. Además, la normativa europea sobre contenidos y servicios digitales establece mecanismos de compensación cuando el producto entregado no coincide con lo prometido o con las expectativas razonables del consumidor.
En determinadas situaciones, los usuarios incluso pueden tener derecho a recibir reembolsos proporcionales por sus compras.
Un código de conducta para el final de vida de los juegos
Como alternativa a una nueva legislación, la Comisión Europea confirmó que iniciará un intercambio de opiniones entre empresas del sector y representantes de consumidores con el objetivo de desarrollar un código de conducta sobre la gestión del denominado «fin de vida» de los videojuegos.
La intención es definir buenas prácticas para aquellos casos en los que un editor decida retirar el soporte de un título o desconectar la infraestructura necesaria para su funcionamiento.
Además, la institución trabajará junto a organizaciones de consumidores y autoridades nacionales para mejorar la difusión de los derechos existentes y fomentar su aplicación efectiva.
Según el organismo, una aplicación más activa de estas normas podría incentivar a las compañías a ofrecer videojuegos con ciclos de vida más extensos y a explorar alternativas que respondan mejor a las expectativas de los usuarios.
La Comisión Europea también confirmó que antes de finalizar 2026 presentará un informe sobre la aplicación de la Directiva de contenidos y servicios digitales, documento que podría servir como base para futuras evaluaciones sobre el funcionamiento de este mercado.
La respuesta a Stop Destroying Videogames se convirtió además en la decimocuarta iniciativa ciudadana europea que recibe una respuesta formal desde la creación del mecanismo de Iniciativa Ciudadana Europea en 2012.
